Por Wilson Camacho
Desde este 24 de mayo, el Ecuador cuenta con un nuevo presidente. Lenín Moreno asumirá el cargo que Rafael Correa lo ostentó durante 10 años.
Desde el primer día el nuevo mandatario deberá tomar decisiones en el campo económico, político. Entre ellas, el futuro de varias normas o leyes que tienen en expectativa a los sectores productivos, agrícolas y empresariales.
El Código de la Salud es una de las leyes que más inquietud ha generado. Esto por una serie de contenidos y regulaciones que podrían afectar a la industria de alimentos, medicinas, entre otros.
En el informe para primer debate que se discutió en el Pleno de la Asamblea Nacional el 9 y 10 de mayo pasado, se incluyó que el etiquetado se mantiene y se le otorga a la Autoridad Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud) la función de definir la información y las especificaciones obligatorias de los productos. Por ejemplo, el uso de transgénicos, información nutricional y advertencias sobre contenidos nocivos. El semáforo nutricional, según esta propuesta legal, informará los niveles de grasa, azúcar, sodio, entre otros.
También contiene términos como hiperprocesados, no saludables o nocivos para calificar a muchos alimentos. Crea un régimen especial para los alimentos determinados por condiciones físicas o para tratar enfermedades o trastornos.
La prohibición del uso de aditivos es otro punto complejo, porque actualmente está permitido y regulado por las autoridades nacionales e internacionales. Su correcto uso, de acuerdo a los representantes de la industria de alimento, no representa ningún riesgo para los consumidores.
Lo polémico de este contenido hizo que el propio Lenín Moreno, cuando aún era candidato, pida a la Asamblea Nacional postergar el debate. Sin embargo, su trámite avanzó e incluso la ministra de Salud, Verónica Espinosa, lo respaldó. Ella fue ratificada en el cargo lo que genera más dudas sobre la real postura del nuevo gobierno frente a este Código. El presidente reelecto de la comisión de Derecho a Salud, William Garzón, ya anunció que este proyecto es una de las prioridades en este inicio del periodo legislativo.
Sobre las posibles reformas económicas y tributarias tampoco hay claridad. Hace unos días el actual secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que la única forma de cumplir con la promesa de campaña de Moreno de subir el bono a $150 es con una reforma tributaria.
Públicamente el círculo del próximo presidente aún no ha emitido respuestas ni pronunciamientos sobre esta aseveración. Solo se confirmó que el IVA bajó al 12% en cumplimiento a los establecido de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por el Terremoto del 16 de abril del 2016 que dispuso que este incremento sea solo por un año.
Hasta el momento la única decisión y que va tomando forma es la creación del Comité Consultivo Empresarial y Tributario cuyo objetivo es ser un puente de diálogo entre el sector público y sector privado.
La Ley de Semillas es otra de las normas que tendrá una fuerte influencia en el sector agrícola. Fue aprobada por el Legislativo a inicios de mayo. En la parte medular de su contenido se motiva al uso de semilla certificada (que asegure calidad genética, fisiológica, pureza condición fitosanitaria) y se exige a los productores de semilla nativa requisitos para su utilización.
Pese a la prohibición constitucional del uso de transgénicos, el presidente saliente Rafael Correa, a pocos días de dejar el poder, modificó, a través del veto, esta disposición y dejó abierta la posibilidad del uso de transgénicos pero exclusivamente para fines investigativos.
La Asamblea Nacional se allanó con 70 votos a esta objeción presidencial y dispuso su publicación en el Registro Oficial.
En ese escenario, el sector productivo se mantiene a la expectativa de las prioridades legislativas del nuevo Gobierno, que serán claves para el futuro de industrias, empresas y actividades económicas.
